Cuando el 9 de agosto de 2005, el Panel de 3 jueces de la
Corte de Apelaciones de Atlanta, determinó unánimemente
revocar las condenas y ordenar un nuevo juicio para los
Cinco Antiterroristas cubanos presos en cárceles de Estados
Unidos, al considerar que Miami no era una sede aceptable
para juzgarlos, parecía que al fin el sistema judicial
norteamericano haría justicia en este largo proceso lleno de
arbitrariedades y manipulación.
Un
año después el Pleno de la Corte, en inédito veredicto en la
historia judicial norteamericana, falló en contra del
dictamen de sus tres jueces, validó el juicio celebrado en
Miami y remitió de nuevo el caso al Panel para considerar el
resto de los asuntos impugnados por la defensa.
Luego de 22 meses de espera, el pasado 4 de junio, el Panel
de tres jueces, rechazó casi todos los argumentos de
apelación alegando que los mismos "carecían de mérito" y
ratificó los veredictos de culpabilidad de los Cinco
antiterroristas cubanos y dos sentencias, las de René
González (15 años) y Gerardo Hernández (dos cadenas
perpetuas, más 15 años).
Asimismo, anuló tres de las sentencias: Ramón Labañino (cadena
perpetua más 18 años), Antonio Guerrero (cadena perpetua más
10 años) y Fernando González (19 años) enviándolas a la
Corte de Miami para que sean revisadas por la misma jueza,
Joan Lenard, que impuso las desmesuradas penas que ahora la
Corte superior declara contrarias a la ley. Al indicar
errores en las sentencias del cargo de "conspiración para
cometer espionaje" los jueces reconocieron, después de 10
años, lo que el propio Gobierno al inicio del proceso había
reconocido a través de su Secretaría de Defensa: que no
había nada en la información obtenida por los Cinco que
tuviera carácter secreto ni afectara la seguridad nacional
de Estados Unidos.
La
decisión 2-1 de ratificar la condena a Gerardo Hernández por
el cargo de "conspiración para cometer asesinato" ignora lo
confesado por la Fiscalía durante el juicio y ante la Corte
de Apelaciones al admitir que no había podido demostrar ese
cargo y que "a la luz de las pruebas presentadas" ello
constituía un "obstáculo insuperable" que debería conducir
al fracaso de la acusación. La jueza Kravitch en opinión
discrepante se opuso en el Panel a la ratificación de este
cargo considerando que el Gobierno no había presentado
evidencia alguna para fundar su acusación.
La
decisión de 99 páginas fue redactada, por el juez, William
Pryor, designado por la Corte para formar parte del Panel en
el 2007, quien con un lenguaje plagado de prejuicios anti-cubanos
favorece explícitamente la posición del Gobierno e incluso
cambia hechos mencionados por ese mismo Panel en su decisión
anterior a favor de los acusados y manipula otros que forman
parte del expediente del caso.
El
nombramiento de Pryor como Juez Federal por el Presidente
Bush fue altamente controversial por sus posiciones de
ultraderecha y generó denuncias en importantes círculos
políticos y de la opinión pública norteamericana, que
afirmaron que sus criterios legales extremos y equivocados
harían que el nivel federal de justicia tuviera menos
habilidad para proteger los derechos constitucionales. Este
juez, fue confirmado en el cargo por el Senado con el voto
en contra de 45 legisladores, mediante un arreglo negociado
por el hoy candidato presidencial republicano, John McCain.
Llama la atención que esta decisión se da a conocer en el
contexto del actual proceso eleccionario norteamericano, y
en momentos en que el gobierno de Estados Unidos intensifica
sus maniobras para dar permanente protección, negándose a
extraditarlo a Venezuela, al connotado y confeso terrorista
Luis Posada Carriles, fugado de una cárcel venezolana,
cuando era juzgado por la destrucción en pleno vuelo de un
avión civil cubano con 73 personas a bordo, violando así
convenios internacionales contra el terrorismo.
Nuestros Cinco patriotas próximos a cumplir 10 largos años
de injusto y cruel encarcelamiento, sometidos a inhumanos
castigos, privados de las visitas regulares de sus
familiares, y dos de ellos sin ninguna visita de sus esposas,
sólo guardan prisión por ser cubanos que luchaban contra los
grupos terroristas asentados en el sur de la Florida con la
protección de las autoridades norteamericanas.
La
Asamblea Nacional del Poder Popular, haciendo suya la justa
indignación de todo el pueblo cubano y de los familiares de
nuestros Cinco compañeros, condena esta absurda decisión y
la continua manipulación de que es objeto este arbitrario
proceso. En ese sentido saluda y respalda la Declaración y
los acuerdos adoptados en el Encuentro Parlamentario
Latinoamericano-caribeño realizado en Panamá el 7 y 8 de
julio de 2008 y llama a los parlamentos de todo el mundo a
sumarse a esta iniciativa y a emprender otras acciones hasta
alcanzar la liberación de nuestros Cinco compatriotas.
Asamblea Nacional del Poder Popular de la República de Cuba
La Habana, julio 11 de 2008 "AÑO 50 DE LA REVOLUCIóN