1ra Parte

12-08-2009

Héroes prohibidos

Por Ricardo Alarcón
Counterpunch
Traducción: Cubadebate

“Tienes que correr todo lo que puedas
para mantenerte en el mismo lugar.”
A través del espejo, Lewis Carroll

¿Se acuerdan de Elián?

El caso de Elián González, un niño de seis años forzosamente retenido por desconocidos contra la voluntad de su padre y que en abierto desafío a la ley de los Estados Unidos y de la decencia, fue reportado ampliamente por los medios del mundo. El lugar del secuestro, Miami, se convirtió en un tipo de ciudad secesionista en Norte América, cuando el Alcalde, el jefe de la policía, los políticos, todos los periódicos y anunciadores de la radio y la televisión, junto a instituciones religiosas y empresariales, se unieron con algunos de los más notorios grupos violentos a las órdenes de los grupos terroristas y violentos para oponerse a la orden de los tribunales y del gobierno, que era liberar al niño.

Fue necesario enviar un equipo de las fuerzas especiales desde Washington DC, que se lanzó en una operación subrepticia y rápida para ocupar varias casas, desarmar a individuos que estaban fuertemente armados y escondidos en el barrio, y salvar al niño y restaurar la ley. Todos siguieron la noticia. Día tras día.

Pero casi nadie sabía que, al mismo tiempo, en exactamente el mismo lugar -Miami- otros cinco jóvenes cubanos fueron arbitrariamente desposeídos de su libertad y sujetos a una gran injusticia.

Gerardo Hernández, Ramón Labañino, Antonio Guerrero, Fernando González y René González fueron detenidos en las tempranas horas del sábado 12 de septiembre de 1998, y encarcelados por los próximos 17 meses en cárceles de castigo. En solitario. La acusación principal contra ellos, como fue reconocida por los fiscales y el juez desde que se levantó el acta hasta el último día del juicio, fue que ellos habían, pacíficamente, sin armas, penetrado los grupos terroristas anticubanos con el objetivo de informarle a Cuba sobre sus planes criminales.

¿Era concebible que algún revolucionario cubano tuviera un juicio justo en Miami al enfrentarse con este tipo de acusación? ¿Pudiera eso ser posible durante el secuestro de Elián, con el ambiente de violencia, odio y temor que lo rodeaba?

De acuerdo con la Fiscalía, era perfectamente posible. En sus palabras, Miami es una “muy grande, diversa y heterogénea comunidad” capaz de tratar cualquier tema sensible, incluso los que involucran a la Revolución cubana. Los fiscales repitieron esa línea, cuando rechazaron más de diez mociones presentadas por los abogados defensores para cambiar la sede antes del comienzo del juicio.

El mismo gobierno que se vio obligado a tratar a Miami como una especie de ciudad rebelde y a enviar secretamente fuerzas para restaurar la legalidad, mintió repetidas veces sobre el tema de la sede, negándole a los demandados el derecho tan respetado por los americanos, y se rehusó a mover el proceso a la ciudad vecina de Fort Lauderdale, a media hora de Miami. Irónicamente, unos pocos años después, en el 2002, cuando el gobierno fue demandado civilmente en un caso administrativo de mucha menos valía, posteriormente resuelto por un acuerdo fuera de la Corte, y solamente indirectamente relacionado con el caso Elián, el gobierno pidió un cambio de sede a Fort Lauderdale, afirmando que era imposible que cualquier cosa relacionada con Cuba pueda ser juzgado justamente en Miami (Ramírez vs. Ashcroft, 01-4835 Civ-Huck, June 25, 2002).

Esta contradicción flagrante, prueba clara de una mala conducta de la Fiscalía, de prevaricación real, fue uno de los factores principales en los cuales se basó la decisión unánime del panel del Tribunal de Apelaciones, en 2005, para anular las condenas de los Cinco y ordenar un nuevo juicio. (Court of Appeals for the Eleventh Circuit, No. 01-17176, 03-11087).

Esa histórica decisión fue posteriormente reversada por la mayoría del tribunal bajo presión del Fiscal General Alberto Gonzales en una acción contraria a la que supondría la práctica corriente del Derecho de los Estados Unidos. La movida exitosa del Sr. Gonzales, una manifestación de su filosofía legal peculiar, cerró la posibilidad de una resolución justa para este caso que hubiese honrado a los Estados Unidos.

La decisión del panel, un documento sólido de 93 páginas que reseñaba hechos irrefutables sobre la guerra terrorista de medio siglo contra Cuba, sigue siendo un momento sobresaliente en la mejor trayectoria norteamericana y perdurará como un texto que analizarán con respeto académicos y estudiantes de Derecho.

Pero eso es otro capítulo en la larga saga de los Cinco.

En cuanto a Elián González, él está a punto de completar el preuniversitario y continúa atrayendo la atención de los medios extranjeros y los visitantes que van a Cárdenas, el precioso pueblo donde vive. Cuando ellos viajan hacia la casa de Elián, los sorprenden carteles que demandan la libertad de Cinco jóvenes que seguramente los visitantes no conocían hasta ese momento.

En las palabras de Leonard Weinglass:

“El juicio fue mantenido en secreto por los medios de prensa norteamericanos. Es inconcebible que el juicio más largo en los Estados Unidos hasta el momento en que este tuvo lugar fue cubierto solamente por la prensa local de Miami, particularmente cuando fueron llamados a testificar por la defensa generales y un almirante, así como un asesor de la Casa Blanca. ¿Dónde estaban los medios de prensa norteamericanos durante seis meses? No solo fue este el juicio más largo, sino también fue un caso que involucraba importantes asuntos de política exterior y terrorismo internacional. La pregunta se le debe hacer a los medios norteamericanos, que continúan negándose a cubrir un caso con tales violaciones de los derechos fundamentales, e incluso violaciones de los derechos humanos de los prisioneros.” (Respuesta de Leonard Weinglass, en el Foro organizado por www.antiterroristas.cu, el 12 de septiembre de 2003.)

A Elián lo salvó el hecho de que los norteamericanos conocieron el caso y se involucraron para que la justicia triunfara. Los Cinco siguen presos -11 años el próximo septiembre- víctimas de una terrible injusticia, porque a los norteamericanos no se les permite conocerlos. Los Cinco son castigados cruelmente porque lucharon contra el terrorismo. Son héroes, pero son héroes prohibidos.

2nda Parte

Justicia en el país de las maravillas

Publicado originalmente en el diario digital Counterpunch: “The Cuban Five: Forbidden Heroes. Justice in Wonderland”

Traducido por Geleny Ramos, del equipo de Cubadebate

“¡Primero la sentencia… el veredicto después!”

Alicia en el país de las maravillas, Lewis Carroll

Derrotado el tema del cambio la sede, el resultado del juicio de los Cinco ya estaba predeterminado. Siguió estrictamente la profecía de la Reina.

Los medios norteamericanos jugaron un papel muy importante en dos direcciones. Fuera de Miami un silencio total; como muy hábilmente describió el abogado Leonard Weinglass, en contraste con el papel que jugaron en el Condado de Dade, ofreciendo ambos, medios y Corte, un show de impresionante disciplina.

Los medio locales no solo cubrieron el caso intensamente, sino que intervinieron activamente en él, como si fueran parte de la Fiscalía. Los Cinco fueron condenados por los medios incluso antes de ser acusados.

Muy temprano en la mañana del sábado 12 de septiembre de 1998, cada medio de comunicación en Miami hablaba sin parar acerca de la captura de unos “terrible” agentes cubanos, “dispuestos a destruir los EEUU” (la frase que la Fiscalía adoraba y repetiría una y otra vez durante todo el proceso). “Espías entre nosotros”, fue el titular esa mañana. Al mismo tiempo, a propósito, el jefe del FBI en Miami se encontraba con Lincoln Díaz Balart e Ileana Ros-Lehtinen, representantes de la vieja banda de Batista en el Congreso.

Una campaña de propaganda sin precedentes se lanzó contra cinco individuos que no podían defenderse, porque estaban completamente aislados del mundo exterior, día y noche, durante un año y medio, en lo que se conoce en la jerga de la prisión como “el hueco”.

Un circo de los medios ha rodeado a los Cinco desde su detención hasta ahora. Pero solo en Miami. En el resto de los lugares de los EEUU la dura situación de los Cinco solo ha recibido silencio.  El resto del país no conoce mucho del caso, y se le mantiene en la sombra, como si todo el mundo aceptara que Miami -esa “comunidad muy diversa, y extremadamente heterogénea”, según la descripción del Fiscal- perteneciera efectivamente a otro planeta.

Esto podría haber sido una proposición razonable, si no fuera por algunos hechos vergonzosos que se han descubierto recientemente. Algunas de las personas de los medios involucradas en la campaña de Miami -”periodistas” y otros-fueron pagados por el gobierno de los EEUU, figuraban en sus nóminas como empleados de la máquina de propaganda anticubana de la radio y la televisión, que ha costado muchos cientos de millones de dólares de los contribuyentes estadounidenses.

Sin saberlo, los estadounidenses se vieron obligados a ser muy generosos, de hecho. Hay una larga lista de “periodistas” de Miami que cubrieron el juicio completo de los Cinco, y, al mismo tiempo, recibían jugosos cheques federales (para conocer más del “trabajo” de estos periodistas consultar el sitio http://www.freethefive.org/).

La decisión de la Corte de Apelaciones en 2005 también brinda un buen resumen de la campaña propagandística, antes y durante el juicio. Esa fue una de las razones que llevó al panel a “invalidar las sentencias y ordenar un nuevo juicio”. Miami no era un lugar para tener siquiera presencia de la justicia. Como dijeron los jueces “la evidencia presentada [ante el Tribunal de Miami] respaldando las mociones para cambio de sede fue masiva”. (Court of Appeals for the Eleventh Circuit, No. 01-17176, 03-11087)

Vamos a aclarar algo. Aquí no estamos hablando acerca de periodistas, en el sentido que pueden estar pensando los estadounidenses fuera de Miami. Nos estamos refiriendo a los “periodistas” de Miami, que es algo muy diferente.

Su papel no era publicar las noticias, sino crear un clima que garantizara las condenas. Incluso convocaron manifestaciones públicas fuera de las oficinas donde se reunía la defensa y acosaron a los presuntos miembros del jurado durante la fase anterior al juicio.  El tribunal en cuestión, mostró preocupación por la “enorme cantidad de solicitudes de vistas previas a los interrogatorios, aparentemente con el objetivo de informar a los oyentes, incluidos los posibles miembros del jurado, acerca de las preguntas antes de que el tribunal las hiciera”.  

Estamos hablando sobre un grupo de individuos que acosaron a los miembros del jurado, persiguiéndolos con cámaras, por las calles, filmando sus licencias de conducir y mostrándolas en televisión; los rastreaban hasta adentro del edificio de la Corte, por la puerta de la habitación del jurado, durante los siete meses completos que duraron los procedimientos del juicio, desde el primero hasta el último día.

La jueza Leonard más de una vez protestó y suplicó al gobierno que detuviera una mascarada tan deplorable. Lo estuvo haciendo desde el comienzo del juicio, en varias ocasiones, y hasta el final. No fue escuchada. (Official transcripts of the trial, p. 22, 23, 111, 112, 625, 14644-14646).

El gobierno no estaba interesado en celebrar un juicio justo. Durante el proceso de selección del jurado, la Fiscalía estaba ansiosa por excluir a la mayoría de los miembros afro-estadounidenses, así como excluyó a los tres individuos que no mostraron tener fuertes sentimientos anticastristas.

Por esa fecha Elián González había sido rescatado, y permanecía en las mentes de los miembros del jurado. Uno de ellos dijo durante la vista previa de los testigos: “Me preocuparía por la reacción que podría haber…no quiero que sucedan reyertas ni nada parecido a los sucesos del caso de Elián”. O citando a  otro: “Si quieren saber la verdad…yo estaría hecho un manojo de nervios, tendría miedo por mi propia seguridad si no regresara con un veredicto de acuerdo con los intereses de la comunidad cubana”.

En medio de esa atmósfera de miedo comenzó el mayor juicio hasta el momento en la historia estadounidense, y el que los grandes medios “decidieron” ignorar.

Ricardo Alarcón de Quesada es el Presidente de la Asamblea Nacional de Cuba.

3ra Parte

4ta Parte

 Inhabilitando a los Cinco

 29-08-2009

 Los desproporcionados tiempos de encarcelamiento impuestos a los Cinco -Gerardo Hernández Nordelo (dos cadenas perpetuas mas 15 años), Ramón Labañino Salazar (una cadena perpetua mas 18 años), Antonio Guerrero Rodríguez (una cadena perpetua mas 10 años), Fernando González Llort (19 años), y René González Seheweret (15 años)- contrastan notablemente con las que se han aplicado en años recientes en los EEUU a otras personas acusadas de verdaderamente ejercer el espionaje, algunos en escalas inusuales, y en otros casos vinculados a acciones armadas violentas contra de los EEUU. Ninguno de ellos fue condenado a cadena perpetua; todos recibieron sentencias inferiores a las de los Cinco. Algunos incluso ya cumplieron sus sentencias y se encuentran en libertad, y otros, condenados por espionaje, han sido indultados por la administración de Obama y han sido liberados.

Las excesivas sentencias de los Cinco son una muestra de la vengativa motivación política del juicio, como también son las condiciones de su encarcelamiento, incluyendo los muy severos obstáculos para las visitas familiares, que llegan a tal extremo de siempre negarle visas a las esposas de René y Gerardo.

Sin embargo, hay un aspecto todavía más revelador que demuestra que el propósito del gobierno estadounidense era amparar y proteger a los terroristas anti cubanos, para evitar que se descubrieran sus planes siniestros, además de convertirse en cómplices y fachadas para futuras atrocidades.

 Para la administración Bush, esto era tan importante o más, que los extravagantes años de encarcelamiento. Esto fue lo que dijo de manera vehemente y en términos gráficos la fiscalía, cuando le pidió al Tribunal un castigo adicional: “inhabilitación”.

¿Qué significa esto? En sus propias palabras, para el gobierno era esencial asegurar que estos Cinco individuos, luego de cumplir sus sentencias en la cárcel, nunca más pudieran hacer algo que pudiese afectar las actividades de los terroristas que operan en Miami bajo la protección del gobierno estadounidense. Para garantizar esto, la fiscalía pidió, y el tribunal garantizó, provisiones especiales en cada sentencia, asegurándose de que, luego de cumplir sus sentencias en la prisión, incluso una o más cadenas perpetuas, los acusados queden imposibilitados de tratar de hacer aquello que los llevó a la cárcel.

Gerardo, Ramón y Fernando nacieron en Cuba, y como extranjeros indeseables, una vez que cumplan sus sentencias en la cárcel, serán deportados inmediatamente del territorio estadounidense. Esto fue específicamente incorporado en cada una de sus sentencias, incluyendo a la de Gerardo, que luego de pasar en prisión 15 años después de una segunda vida sería inmediatamente deportado. (Transcripción de la Audiencia para las Sentencias ante la Honorable Joan A. Lenard, 12 de diciembre de 2001, página 93).

René y Antonio presentan un problema más particular. Nacidos en Chicago y Florida, respectivamente, ambos son ciudadanos estadounidenses por nacimiento, y no los pueden obligar a abandonar el país. Para eso, se requiere más imaginación y oratoria inspiradora de parte de la fiscalía.  Algo que hizo con gran escala.

Necesitaban una explicación más franca y precisa de la palabra “inhabilitación”.

Primero les tocó argumentar el caso de René, sentenciado “solamente” a 15 años. La fiscalía expresó plenamente su grave preocupación que un hombre aún tan joven, pueda ser liberado y vuelva a tratar de hacer lo que había hecho anteriormente.

Conociendo la ansiedad del gobierno, el tribunal añadió este requisito peculiar a la sentencia de René:

“Como una condición especial adicional a la liberación condicional, al acusado se le prohíbe asociarse o visitar lugares específicos donde se conoce que están, o frecuentan, individuos o grupos tales como terroristas, miembros de organizaciones que promueven la violencia, y figuras del crimen organizado.” (Transcripción de la Audiencia para las Sentencias ante la Honorable Joan A. Lenard, 12 de diciembre de 2001, páginas 45-46).

Entonces tocó el turno de Antonio Guerrero, quien había recibido una sentencia de cadena perpetua más 10 años en prisión. La fiscalía tuvo que valerse de todos los recursos de su elocuencia. Para el gobierno la “inhabilitación” era de vital importancia. No podía correr riesgos, y cuando Antonio Guerrero se enfrentó al Tribunal el 27 de diciembre de 2001, le añadió a su sentencia, palabra por palabra, la misma “condición especial” que le había impuesto previamente a René.

Todo esto sucedió en diciembre de 2001, justo 3 meses luego del horror del 11 de septiembre. Desde ese fatídico día, George W. Bush se hizo famoso exigiendo una guerra masiva contra los terroristas y contra cualquiera que le diera  a estos cualquier tipo de ayuda. Solo una cita de su repetitivas palabras: “Cualquier gobierno que apoye, proteja o ampare a terroristas será cómplice en el asesinato de inocentes, e igualmente culpable de crímenes terroristas”.  

Tenemos que tomarle la palabra a George W. Bush.

P.D. En octubre de 2011 René González habrá cumplido su condena si la defensa no logra sacarlo antes. En cualquier caso, él estará bajo libertad condicional durante la actual administración. ¿Intentará el presidente Obama “inhabilitarlo”? ¿Se le prohibirá a René hacer cualquier cosa que moleste a los terroristas donde quiera que “se sepa que estos estén o frecuenten”?

5ta Parte

Los Héroes olvidados : Espías sin espiar

31 08 2009

Traducido por Cubadebate

El primer proceso, en septiembre de 1998, acusó a los cinco cubanos de ser agentes no inscritos de Cuba y de violaciones de menor importancia. El gobierno también acusó a tres de ellos -Gerardo, Ramón y Antonio- de “conspiración para cometer espionaje” (segundo cargo de la causa).

La Fiscalía no acusó a ninguno de ellos de espionaje en sí por una muy simple razón: no habían cometido tal cosa y por lo tanto nunca pudieron haberlo probado. Los fiscales fueron aún más lejos. En su declaración durante la apertura del proceso, advirtieron al jurado que no deberían esperar que ellos revelaran algún secreto o algo por el estilo. Lo único que tenía que hacer la Fiscalía era “convencer” a los miembros del jurado que los acusados eran maliciosas personas capaces de concebir un atentado que peligrara la Seguridad Nacional de los Estados Unidos en algún futuro hipotético. Y, según este argumento, los acusados tendrían que recibir el más severo castigo posible, porque eran unos tipos verdaderamente malos y capaces de perturbar la paz y la tranquilidad de Miami. ¿Recuerdan a Elián?

Para lograr ese objetivo de los fiscales, a pesar de lo que su propia causa decía, hicieron las más inflamatorias declaraciones en el juicio, acusando a los Cinco de al menos tratar de “destruir a los Estados Unidos” y recordándole a los atemorizados miembros del jurado que si no los condenaban estarían “traicionando a la comunidad”.

Los medios de comunicación se encargaron del resto. Ellos siempre han presentado a los Cinco Cubanos como “espías”, o como personas acusadas de ser “espías”. Los medios apretaron en su tarea. Ellos siguieron repitiendo el mismo tema, incluso después de que la Corte de Apelaciones en banc concluyó unánimemente en septiembre de 2008 que no había pruebas de que los acusados hubieran “obtenido o transmitido información secreta” o de que habían dañado la Seguridad Nacional de los Estados Unidos y por lo tanto decidieron que las sentencias del Cargo Dos (conspiración para cometer espionaje) eran erróneas.  Decidió anular las sentencias y pedir la resentencia de Ramón y Antonio. (Undécimo Circuito de la Corte de Apelaciones, No. 01-17176, DC, Docket No. 98-00721-CR-JAL , páginas 70-81).

Sin embargo, a pesar de que reconoció que el mismo procedimiento debe aplicarse a Gerardo, en un acto increíble de discriminación judicial, el tribunal se negó a hacerlo aduciendo que una sentencia de muerte ya estaba pesando en su contra.

De hecho, era muy fácil darse cuenta de que este caso no tenía que ver con alguna información secreta o militar, y que la Seguridad Nacional de los EE.UU. nunca fue afectada. Eso había dicho el Pentágono, en un lenguaje claro y sencillo antes de que comenzara el juicio. Ese fue el testimonio, bajo juramento, del almirante retirado Eugene Carroll (transcripciones de las páginas oficiales del 8196-8301), general de Ejército retirado Edward Breed Atkeson (Idem páginas 11049-11199), el general y ex comandante del Comando Sur Charles Elliot Wilhelm (Idem páginas 11491-11547), y el teniente general retirado de la Fuerza Aérea James R. Clapper (Idem páginas 13089-13235).

Sus testimonios no fueron secretos, pero se hicieron voluntariamente en un proceso abierto y público. Probablemente ese desfile de jefes militares distinguidos y decorados sosteniendo la inocencia de unos jóvenes revolucionarios cubanos no había ocurrido anteriormente ante un tribunal de los Estados Unidos. Esto no fue noticia fuera de Miami, pero las transcripciones oficiales de la prueba están ahí para el que quiera leerlas.

Desde que los Cinco fueron condenados han ocurrido otros casos, cuyos resultados contrastan claramente con el de los Cinco. Vamos a considerar brevemente algunas de ellos.

Khaled Abdel-Latif Dumeisi, acusado de ser un agente no inscrito del gobierno de Saddam Hussein.  Fue condenado en abril de 2004, en medio de la guerra contra Iraq, a 3 años y 10 meses de prisión.

Leandro Aragoncillo fue condenado en julio de 2007 de transmitir información secreta sobre la Defensa Nacional de los Estados Unidos (alrededor de 800 documentos clasificados) obtenidos desde su oficina en la Casa Blanca, donde trabajó como ayudante militar de los vicepresidentes Al Gore y Dick Cheney. Aragoncillo fue condenado a 10 años de prisión, mientras que su co-conspirador, Michael Ray Aquino, recibió una sentencia de 6 años y 4 meses.

Gregg W. Bergersen, un analista del Departamento de Defensa, fue condenado en julio de 2008 de proporcionar información de Defensa Nacional a personas no autorizadas a cambio de dinero y regalos, y fue sentenciado a 4 años y 9 meses de prisión.

Lawrence Anthony Franklin, un coronel de la reservas de la Fuerza Aérea de EE.UU., que trabaja en el Departamento de Defensa, fue condenado por ofrecer información clasificada de la defensa nacional, incluyendo secretos militares, a los representantes de un gobierno extranjero y fue sentenciado a 12 años y 7 meses de prisión. Sin embargo, nunca fue a  una prisión federal. Era libre y, mientras apelaba, el Departamento de Justicia retiró los cargos que sustentaban su caso en mayo de este año.

Cabe decir que ninguno de estos casos fueron procesados en el sur de la Florida, y ninguno de esos acusados participar en algún intento de frustrar los planes criminales.

Los Cinco recibieron, en conjunto, cuatro cadenas perpetuas más 77 años. Ellos no trabajaban en la Casa Blanca o en el Pentágono o en el Departamento de Estado. No tenían y no trataron de tener acceso a alguna información secreta. Pero hicieron algo imperdonable. Lucharon contra el terrorismo anticubano y lo hicieron en Miami.

6ta Parte

Acusación a la carta

7ma Parte

Sucedió en Miami

07-09-2009

El Tribunal Federal de primera instancia del sur de la Florida no es un tribunal internacional, ni tampoco es un organismo de la ONU que tenga jurisdicción sobre asuntos que afectan las relaciones entre las naciones. Tiene una tarea muy específica, que consiste en determinar si un acusado en particular es o no culpable de un cargo concreto.  Al darle instrucciones al jurado en el caso de Gerardo Hernández, el tribunal recordó el lenguaje de la Causa del Gobierno:

“El Cargo 3 alega que el acusado Gerardo Hernández conspiró con otras personas para cometer homicidio, es decir, la matanza ilegal de seres humanos con malicia dolosa y con una intención premeditada en la jurisdicción especial marítima y territorial de los Estados Unidos.” (Transcripción del juicio ante el Honorable Joan A. Lenard, 4 de junio de 2001, páginas 14587 a 14.588)

La jueza Lenard señaló que Gerardo:

“Puede determinarse culpable de ese delito sólo si se les prueban todos los de los siguientes hechos sin alguna duda razonable.
“Primero. Que las víctimas mencionadas en la acusación están muertos.
“Segundo. Que el acusado causó la muerte de las víctimas con malicia dolosa.
“Tercera. Que el demandado lo hizo con la intención premeditada.
“Cuarta. De que el asesinato ocurrió dentro de la jurisdicción especial marítima y territorial de los Estados Unidos.” (Idem páginas 14598 a 14599)

Ella elaboró aún más:

“Matar con malicia dolosa quiere decir matar a otra persona a propósito e  intencionalmente …  Para establecer un delito de asesinato en primer grado, se requiere además prueba de una intención premeditada.  La premeditación se asocia típicamente con el asesinato a sangre fría y requiere de un período de tiempo en el que el acusado lo piensa y delibera sobre el asunto antes de actuar.

“Tendría que ser tiempo suficiente para que el asesino esté plenamente consciente de su intención de matar.  Se le indica que el lugar del supuesto asesinato (como describe la Causa), si usted está seguro sin duda razonable alguno que el crimen ocurrió ahí, esté dentro de la jurisdicción especial marítima y territorial de los Estados Unidos.” (Idem páginas 14599 — 14600)

El delito nunca ocurrió. Durante los siete meses del juicio, la fiscalía no presentó prueba alguna que implicara a Gerardo en el trágico suceso del 24 de febrero de 1996,  ni tampoco podía demostrar, “más allá de una duda razonable”, el lugar exacto del incidente - algo que los expertos de la Oficina de Aeronáutica Civil Internacional (OACI) no habían podido determinar.

Cabe señalar, sin embargo, que los radares de Cuba claramente demostraron que el derribo ocurrió muy adentro de nuestro territorio, que los únicos restos que econtraron fueron hallados muy cerca de las orillas de La Habana y que la Guarda Costa de EE.UU., al no encontrar nada en el área internacional, pidió el 25 de febrero oficialmente a través del Departamento de Estado permiso a Cuba para hacer una búsqueda dentro del área de nuestras aguas territoriales. Los medios noticiosos locales -los mismos “periodistas” a sueldo del gobierno quienes inventaron la acusación del Cargo 3- se pusieron nerviosos y hasta anunciaron inminente derrota.

Unos pocos días anteriormente, en cuanto la jueza le avisó a las partes de sus instrucciones al jurado, los fiscales tomaron lo que ellos mismos describieron como “el paso sin precedentes de peticionarle” -al tribunal de apelaciones-

“un writ (orden legal) de prohibición” porque “teniendo en cuenta la evidencia presentada durante el juicio, esto [las instrucciones al jurado] constituye un obstáculo insuperable para los Estados Unidos en este caso, y probablemente tendría como consecuencia el fracaso de la Causa en relación con este cargo.” (Emergency Petition for Writ of Prohibition, 30 de mayo de 2001, páginas 4 y 21)

Después de haber reconocido nuevamente que la instrucción al jurado “le impone una barrera insuperable a esta fiscalía”, el gobierno le pidió al tribunal de apelaciones que tomara una urgente decisión:

“Que le ordene al tribunal de primera instancia que le instruya al jurado que no es necesario que el jurado determine que el acusado Hernández o sus co-conspiradores del Tercer Cargo de la acusación acordaron que los asesinatos ocurrieron en la jurisdicción especial marítima y territorial de la Estados Unidos.

“Que le prohíba al tribunal de primera instancia a darle al jurado un patrón de instrucciones sobre asesinato en primer grado y sobre el hecho de que el acusado Hernández haya conspirado para cometer un asesinato premeditado.” (Idem, página 39)

El Tribunal de Apelaciones denegó la petición de emergencia y consecuentemente el juez de tribunal de primera instancia mantuvo las instrucciones anteriormente citadas.

Algunos miembros del equipo de la defensa estaban ya felizmente celebrando una victoria que hasta la fiscalía había previsto.

Sin embargo, los miembros del jurado tardaron unos pocos minutos, sin hacer pregunta alguna, en declarar a Gerardo culpable de conspiración para cometer asesinato en primer grado en la jurisdicción especial marítima y territorial de los Estados Unidos.  Un “delito” que no cometió, y que los propios fiscales habían tratado desesperadamente de retirar.

Eso ocurrió en Miami. En Miami, es normal secuestrar impunemente a un niño de seis años, ¿por qué pensar que sería tan difícil condenar a un joven por un “crimen” que nunca ocurrió?

Parte VIII

El juicio de Pryor

11 09 2009

Cuando la histórica decisión unánime fue revocada a instancias del Fiscal General de W. Bush (Remember Elian? CounterPunch, Agosto 11, 2009), el mismo panel de tres jueces tenía que escuchar los temas que quedaban además del de la sede, que había sido sobre el que ellos habían expresado su memorable opinión. Sin embargo, mientras tanto, uno de los jueces, el mayor y el más liberal, se había retirado y otro fue designado para sustituirlo. El elegido para ese papel fue uno nombrado por Bush durante un receso del Senado, William H. Pryor, cuya nominación, descrita como “una de las más polémicas de la historia reciente”, había provocado un gran revuelo en el Senado, que lo confirmó con la oposición de 45 senadores.

El Senador Kerry, afirmó que el nuevo juez “ha sido un constante defensor de la disminución de los derechos garantizados por la constitución” con su “constante búsqueda de opiniones legales extremas e incorrectas… como resultado nuestro sistema jurídico federal tendrá menos habilidad para proteger los derechos constitucionales que nos son tan caros” (Actas del Congreso, Senado Junio 14, 2005).

Pryor fue criticado por algunos de los principales periódicos, y fue descrito como un “fanático de derecha que no está capacitado para juzgar”. Sintetizando su historial Jeffrey St.Clair manifestó: “él va mucho, mucho más allá que incluso muchos de las ideólogos más extremistas en su partido”. (”Pryor unrestraint“, CounterPunch, Junio 14, 2003).

El Sr. Pryor escribió la opinión de rechazo de la Corte a los otros temas presentados por la defensa con un lenguaje que en momentos era más cercano a la vulgar diatriba y a las calumnias anti-cubanas que al estilo balanceado y sobrio de los documentos legales (incluso algunos terroristas bien conocidos, descritos correctamente como tales por el panel anterior, fueron ahora convertidos en patrióticos luchadores por la libertad). Curiosamente, la acusación de “espionaje” fue fabricada de forma tan torpe y el juicio de Miami incluía otros errores tan obvios, que Prior tuvo que estar de acuerdo con los otros dos jueces en anular las sentencias de tres de los acusados. (Espías sin Espiar, CounterPunch Agosto 28-30, 2009).

Esta vez el panel estuvo dividido en un punto crucial: el Cargo 3 - conspiración para cometer asesinato. Uno de los jueces, J. Birch, a pesar de coincidir con la opinión de Prior reconoció que “este tema presenta un caso muy cerrado” y reiteró “que la moción para cambio de sede debió haber sido otorgada” agregando que “Los acusados estuvieron sujetos a tal grado de daño basado en el demostrado prejuicio dominante en la comunidad que sus condenas debieron ser revocadas”. (US Court of Appeals for the Eleventh Circuit N. 01-17176, DC Docket No. 98- 00721 CR-JAL, Page 83).

La Jueza Phillys Kravitch en una impresionante opinión discrepante de 15 páginas demostró la terrible injusticia cometida por sus colegas en contra de Gerardo Hernández.

Ella señaló: “Un país no puede legalmente derribar una aeronave en el espacio aéreo internacional, en contraste con un país que derribe una nave aérea extranjera dentro de su propio territorio cuando los pilotos de esas aeronaves que han sido advertidos en repetidas ocasiones que respeten los límites territoriales, han dejado caer objetos sobre el territorio, y cuando el objetivo de los vuelos es desestabilizar el sistema político del país.

Así, la cuestión de si el Gobierno suministró suficiente evidencia que apoyara la condena a Hernández depende de si presentó suficiente evidencia para probar que él estuvo de acuerdo en derribar los aviones en el espacio aéreo internacional, en contraposición con el cubano.” (Ídem Págs. 94-95) y a este respecto “el Gobierno no pudo señalar ninguna evidencia.” (Ídem Pág. 98).

Pero más allá del tema de la ubicación del incidente “el Gobierno no pudo aportar en lo absoluto suficiente evidencia de que Hernández estuvo de acuerdo en el derribo de los aviones. Ninguna de las comunicaciones interceptadas que el Gobierno presentó en el juicio muestra un acuerdo para derribar los aviones. Como mucho, la evidencia muestra un acuerdo para “confrontar” a los aviones de “Hermanos al Rescate”. Pero una “confrontación” no significa necesariamente un derribo.”

Para demostrar que tenía razón hizo referencia a los testimonios y cintas de video presentadas en el juicio: “Esta evidencia demuestra lo obvio: existen muchas formas en las que un país puede “confrontar” a una nave aérea extranjera. Pero el Gobierno no presentó ninguna evidencia de que cuando Hernández estuvo de acuerdo en ayudar a “confrontar” a “Hermanos al Rescate” él haya accedido a que la confrontación fuera un derribo. Concluir que la evidencia sí muestra esto va más allá de meras inferencias a una total especulación… Debido a que tanta evidencia señala hacia una “confrontación” y no hacia un derribo, yo no puedo decir que un jurado razonable - dada toda la evidencia - pueda concluir más allá de una duda razonable que Hernández estuvo de acuerdo con el derribo.” (Idem Págs. 96-97)
Esto era tan obvio que el mismo Gobierno había reconocido en una petición de emergencia “sin precedentes” a esa misma Corte de Apelaciones que demostrar la inventada culpabilidad de Gerardo en un crimen tan fabricado constituía un “obstáculo insuperable” para la fiscalía.

Ese habría sido el caso con un “jurado razonable” en cualquier otra sede. Pero no en Miami, donde los intimidados jurados estaban rodeados en la sala del tribunal de una banda de individuos que proclamaban sus proezas terroristas y habían sido capaces de secuestrar a Elián González, siempre con total impunidad y que se unieron al Gobierno en la solicitud del peor castigo para Gerardo. Eso pudiera haber sido comprendido por cualquier juez razonable. Pero no por un “fanático de derecha que no está capacitado para juzgar”.

Alguien en la Casa Blanca estaba feliz. Su nombrado en el cargo le sirvió bien. A Gerardo le confirmaron sus dos cadenas perpetuas con el voto renuente y paradójico de un juez, Birch, que insistió en que las “condenas [de todos los Cinco] deben ser revocadas” y una digna dama que mantuvo su opinión discrepante: “el Gobierno no presentó ninguna evidencia” para sostener su acusación.

Después del vergonzoso fallo de Pryor los Cinco apelaron a la Corte en banc. Esta vez ellos no estaban cuestionando una decisión unánime y bien fundada - como hizo el Gobierno en el 2005 - sino una claramente injusta y prejuiciada que había dividido profundamente al panel en relación con el Cargo 3, con la Kravitch rechazándola con impecable consistencia y Birch - después de reconocer sus argumentos, pero ignorando la presunción de inocencia y sus propias “dudas razonables” - decidiendo de una manera rara unirse a la posición pro-Gobierno y a la lógica neoconservadora de Prior.

Pero esta vez la Corte de Apelaciones confirmó las discutibles conclusiones del panel. Los jueces de Atlanta incluso se olvidaron que fue a ellos a los que el mismo Gobierno les había hecho una “petición de emergencia” admitiendo que no habían podido probar la culpabilidad de Gerardo.

Parte IX

El reclamo ignorado

 16-09-2009

 Habiendo agotado todas las posibilidades de apelación, los Cinco solicitaron a la Corte Suprema que revisara su caso. No estaban pidiendo demasiado. Este era un caso que merecía la atención de los magistrados de la Corte Suprema por una serie de razones, algunas de naturaleza realmente excepcional.

 Durante todo el proceso – el más prolongado en su momento en la historia de Estados Unidos – estuvieron presentes un grupo de violaciones de derechos constitucionales, así como contradicciones con otros circuitos (consideradas como los asuntos principales a tratar por la Corte Suprema) en importantes temas, tales como la sede, la discriminación racial durante la selección del jurado, las sentencias y los derechos de los acusados y sus abogados.

  Este era, además, un caso vinculado directamente con grupos terroristas y sus actividades dentro del territorio de Estados Unidos – en un momento en que el terrorismo se suponía que era el tema más importante – y con claras implicaciones desde el punto de vista de las relaciones internacionales; un caso en el cual Generales y jefes militares e incluso un asesor principal de un Presidente habían declarado como testigos. Tuvo la distinción de ser único en varios sentidos.

 La decisión unánime del panel original de la Corte de Apelaciones, después de haber examinado todos los aspectos del caso durante varios años, de anular todas las condenas y ordenar un nuevo juicio, fue única en si misma, como lo fue el documento de 93 páginas que la contenía. La decisión del Gobierno, tomada al más alto nivel, de solicitarle a la Corte en banc que la revocara fue muy excepcional y fue muy raro que se lograra que la Corte accediera a una petición tan inusual.

 Por otra parte, no es algo corriente para un juez de apelaciones solicitarle a la Corte Suprema que revise un caso, mucho menos hacerlo dos veces como lo hizo el Juez Birch, quién reiteró esa demanda mientras que paradójicamente se unía a Pryor en su vergonzoso fallo.

 Este caso fue único también en cuanto a la preocupación y el interés en todo el mundo.

 En el 2005, antes de la decisión del panel de la Corte de Apelaciones, una decisión muy importante y también única fue adoptada de forma unánime por el Grupo de Detención Arbitraria de las Naciones Unidas. Esta es una entidad completamente independiente, no un organismo intergubernamental, con cinco jueces – uno por cada continente – que no representan a ningún estado miembro de las Naciones Unidas y que actúan exclusivamente en su capacidad personal. Esos jueces estudiaron la situación de los Cinco a pedido de sus esposas y madres. El Grupo pasó varios años investigando el caso en su totalidad e interactuando con los Estados Unidos mediante correspondencia oficial. El gobierno cubano nunca fue consultado, y no debía serlo, porque Cuba no era parte en ese proceso.

 Fue una decisión que hizo historia. El Grupo llegó a la conclusión que la privación de libertad de los Cinco fue arbitraria y en contravención de los Convenios de Derechos Humanos de Naciones Unidas pertinentes y llamó al Gobierno de Estados Unidos a que tomara medidas para remediar la situación.

 El grupo señaló que: “el juicio no tuvo lugar en el clima de objetividad e imparcialidad que se necesita” y “el Gobierno [de Estados Unidos] no ha negado que el clima de predisposición y prejuicio contra los acusados en Miami persistió y contribuyó a presentar a los acusados como culpables desde el principio. No fue impugnado por el Gobierno el hecho de que un año más tarde él mismo admitió que Miami no era el lugar adecuado para celebrar un juicio donde estaba probado que era casi imposible seleccionar un jurado imparcial en un caso vinculado con Cuba.”

 “El Gobierno no ha refutado el hecho de que los abogados de la defensa tuvieron un acceso muy limitado a la evidencia debido a la clasificación del caso por parte del Gobierno como de seguridad nacional”, lo que “ha socavado el equilibrio equitativo entre la acusación y la defensa y afectó negativamente la capacidad [de la defensa] para presentar evidencia contraria.”

 Los expertos de Naciones Unidas señalaron que los acusados “fueron mantenidos en confinamiento solitario durante 17 meses”, y como consecuencia “la comunicación con sus abogados y el acceso a la evidencia y, con ello, las posibilidades de una defensa adecuada se vieron debilitadas”.

 Para concluir fallaron que estos “tres elementos enunciados arriba, en conjunto, son de tal gravedad que confieren a la privación de libertad de estas cinco personas un carácter arbitrario”. (Informe del Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria E/CN.4/2006/7/Add.1 p. 66, Opinión No. 19/2005 – Estados Unidos de América)

 Esta fue la primera y única vez en la historia de Estados Unidos y en la historia de las Naciones Unidas en que un organismo de ONU haya declarado un proceso judicial en los Estados Unidos injusto y contrario a las normas establecidas universalmente de derechos humanos y al Derecho Internacional.

 Pero esas conclusiones de cinco jueces independientes, ninguno de ellos, por cierto, de izquierda o radical, no se encontraban fácilmente en los medios norteamericanos y la mayoría de los estadounidenses probablemente nunca han oído hablar de ellas.

 Muchos norteamericanos no conocen acerca de los Cinco porque a ellos no se les permite saber.

 No sólo el largo juicio de los Cinco fue mantenido en las sombras, a los norteamericanos no se les ha permitido saber que este caso ha estado muy presente en las mentes de muchos millones de personas en todo el planeta. Los grandes medios corporativos que no informaron sobre su batalla legal colocaron una cortina de silencio similar alrededor del amplio y creciente movimiento de solidaridad que los Cinco han recibido de prácticamente todas partes, desde Irlanda hasta Tasmania, desde Canadá hasta Namibia. Iglesias, parlamentos, organizaciones de derechos humanos, sindicatos, escritores, abogados y personas de todas las posiciones y condiciones sociales han expresado su preocupación e interés en todos los idiomas, incluyendo el inglés.

 Pero la Corte Suprema no se tomó la molestia de escuchar.

Parte X

Un Insulto a la Humanidad

por Ricardo Alarcón de Quesada
17 de septiembre de 2009
Reprinted from antiterroristas.cu

El 6 de marzo de 2009 doce documentos de Amigos de la Corte (Amicus Briefs) fueron presentados en apoyo a la petición de revisión de los Cinco. Ese fue el mayor número de documentos de este tipo que haya instado jamás a la Corte Suprema a que revisara un caso criminal.

Ocho de los documentos fueron presentados por instituciones o personas en Estados Unidos: la Asociación Nacional de Abogados Defensores Criminalistas; la Asociación de Abogados Defensores Criminalistas de la Florida, Capítulo de Miami; el Proyecto Nacional de Jurados; el Gremio nacional de Abogados y la Conferencia Nacional de Abogados Negros; el Instituto William C. Velásquez y la Asociación Política Mexicano-Americana; la Clínica de Derechos Civiles de la Facultad de Derecho de la Universidad Howard; el Centro para la Política Internacional y el Consejo de Asuntos Hemisféricos; y un amicus presentado por los Profesores Nelson P. Valdés, Guillermo Grenier, Félix Masud-Piloto, José A. Cobas, Lourdes Arguelles, Rubén G. Rumbaut y Louis Pérez, distinguidos académicos cubano-americanos, autores de algunos de los más importantes libros sobre la emigración cubana a Estados Unidos.

El apoyo de todo el mundo fue realmente impresionante:

Un amicus fue presentado por diez Premios Nobel: José Ramos-Horta (Presidente de la República de Timor Leste), Wole Soyinka, Adolfo Pérez Esqivel, Nadine Gordimer, Rigoberta Menchú, José Saramago, Zhores Alferov, Darío Fo, Günter Grass y Máiread Corrigan Maguire.

Otro, por una cifra récord de legisladores de todos los rincones del planeta: fue suscrito por el Senado de México y la Asamblea Nacional de Panamá en pleno, en ambos casos habiéndose discutido y decidido por unanimidad. También por Mary Robinson, ex Presidenta de Irlanda y ex Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas; por decenas de miembros de todos los grupos políticos del Parlamento Europeo, incluyendo tres actuales Vicepresidentes y dos ex Presidentes y cientos de parlamentarios de Brasil, Bélgica, Chile, Alemania, Irlanda, Japón, México, Escocia y el Reino Unido.

Este documento agregaba llamamientos similares de otros Premios Nobel, el Arzobispo Desmond Tutu y Harol Pinter, y del Consejo de Iglesias de América Latina, la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América latina y el Caribe, el Parlamento Latinoamericano, así como los otros órganos legislativos regionales y resoluciones específicas de apoyo aprobadas por los parlamentos nacionales de Namibia, Mali, Rusia, México, Brasil, Bolivia, Venezuela, Perú, Irlanda, Suiza y Bélgica, entre muchos otros.

Dos documentos separados fueron presentados por un amplio espectro de organizaciones de abogados y de personalidades:

Uno fue presentado por la Federación Iberoamericana del Ombudsman, la Orden de Abogados de Brasil (con 700 000 miembros), Asociaciones de abogados de Bélgica, la Asociación de Abogados de Berlín y otras asociaciones alemanas, la Federación Internacional de Derechos Humanos y un grupo de organizaciones religiosas, legales y de derechos humanos, profesores de derecho, y abogados de Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Alemania, Japón, México, Panamá, Portugal, España y el Reino Unido. Entre las personalidades que firmaron estaban Federico Mayor Zaragoza, ex Director General de la UNESCO y el Juez Juan Guzmán Tapia de Chile.

El otro amicus fue presentado por la Asociación Internacional de Abogados Demócratas; la Asociación Americana de Juristas, la Asociación de Abogados de la India, Droit Solidarité, la Sociedad Haldane y otras organizaciones legales de Italia, Japón, Filipinas, Portugal y Bélgica.

Un grupo de abogados norteamericanos se ofrecieron voluntarios para preparar esos documentos (como lo requiere la ley) consultando y coordinando con las muchas personas involucradas y presentando los documentos en tiempo y con el debido respeto a los parámetros técnicos y de otro tipo que la Corte ha establecido. Cada individuo o institución que presentaba un amicus tenía que identificarse con datos específicos, firmar personalmente y pagar. De conformidad con la Regla 37.6 de la Corte “ninguno de los abogados de ninguna de las partes ha redactado este documento ni total ni parcialmente. Ningún abogado o entidad, a no ser los amigos de la corte o sus abogados, realizó contribución monetaria alguna con la intención de financiar la elaboración o presentación de este documento”.

Fue un inmenso trabajo por el cual muchas personas merecen ser reconocidas. Todos los documentos, junto con una lista completa de los amigos de la corte pueden encontrarse en el blog SCOTUS (www.scotusblog.com) y en www.antiterroristas.cu.

Nunca sabremos que fue lo que los magistrados o sus asistentes pensaron, si es que lo hicieron, acerca de estos documentos. Nadie sabe si ellos siquiera les echaron un vistazo. Los amigos de la corte no recibieron ninguna respuesta ni comentario, ni siquiera un acuse de recibo de un asistente.

Nadie sabe tampoco como se pronunciaron los magistrados en relación con la solicitud de revisión. Solamente conocimos el 14 de junio que la petición de los Cinco había sido rechazada junto con las otras peticiones que la Corte había decidido no escuchar.

Un famoso poeta mexicano una vez definió la actitud imperial de Estados Unidos con la combinación de dos palabras: arrogancia e ignorancia. Al parecer la Corte es la suprema personificación de ambas.

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